En este texto explicativo, se analiza la potestad de ejecución coactiva, determinada en el Código Orgánico Administrativo. A saber, el artículo 267 menciona las condiciones para que la administración pública ejerza esta facultad sobre obligaciones determinadas y actualmente exigibles, sin importar su origen o título.

El primer requisito para la ejecución coactiva es que la obligación esté debidamente determinada. Esto significa que se ha identificado al deudor y se ha establecido claramente la medida de la deuda, al menos quince días antes de emitir la orden de cobro.

Asimismo, la obligación debe ser actualmente exigible, lo que se da en tres situaciones: 1. Cuando se ha notificado al deudor el acto administrativo o el título que fundamenta la obligación a favor de la administración pública, en el caso de una deuda pura y simple o sujeta a condición resolutoria. 2. Cuando ha vencido el plazo estipulado para el pago, si la obligación está sujeta a un plazo determinado. 3. Cuando se ha cumplido o fallado la condición establecida, si la obligación está sujeta a una condición suspensiva.

Es importante resaltar que el ejercicio de la potestad coactiva no se limita por la mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la administración pública. La o el deudor podrá solicitar dentro del procedimiento administrativo la extinción total o parcial de la obligación.

Por otra parte, el artículo 268 señala los requisitos para emitir títulos de crédito por obligaciones a favor de la administración pública. Estos títulos deben contener: 1. Designación de la administración pública acreedora e identificación del órgano que lo emite. 2. Identificación de la o del deudor. 3. Lugar y fecha de la emisión. 4. Concepto por el que se emite con expresión de su antecedente. 5. Valor de la obligación que represente. 6. La fecha desde la cual se devengan intereses. 7. Liquidación de intereses hasta la fecha de emisión. 8. Firma autógrafa o en facsímil del servidor público que lo autorice o emita, salvo en el supuesto de títulos de emisión electrónica, en cuyo caso, la autorización para su expedición se verificará de manera previa dentro del procedimiento administrativo pertinente.

La falta de alguno de los requisitos previstos en este artículo causa la nulidad del título de crédito. La declaratoria de nulidad acarrea la baja del título de crédito.

Por último, el artículo 269 concede el derecho del deudor a formular un reclamo administrativo exclusivamente respecto a los requisitos del título de crédito o del derecho de la administración para su emisión, siempre y cuando la obligación haya sido representada a través de un título de crédito emitido conforme al Código. Si se presenta un reclamo, el procedimiento de ejecución coactiva se efectuará en base al acto administrativo que ponga fin a dicho procedimiento.

En conclusión, la determinación y exigibilidad de las deudas, junto con los criterios para emitir títulos de crédito válidos, brindan una sólida base legal para la administración pública. Estos lineamientos aseguran que la ejecución coactiva se realice de manera justa y efectiva, protegiendo los derechos tanto de los acreedores como de los deudores involucrados.

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