La Ley Orgánica de Urgencia Económica Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, con relación en la delegación administrativa e institucionalidad interna de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, establece normas en aspectos presupuestarios, contables y de financiamiento. Asimismo, considera la participación de empresas públicas en proyectos de Asociación Público-Privada APP y otorga autonomía a los Gobiernos Autónomos Descentralizados en la toma de decisiones respecto a estos proyectos. A continuación, se desglosan los artículos más relevantes de la ley.

Ley de Presupuesto y Delegación Administrativa para Proyectos APP:

Artículo 27 – Presupuesto y Contabilización Pública: Este artículo confiere al ente rector de las finanzas públicas la responsabilidad de emitir normas técnicas para la correcta contabilización y presupuestación de operaciones relacionadas con proyectos APP, siguiendo estándares internacionales de contabilidad para el sector público.

Artículo 28 – Delegación de Actividades Administrativas en Proyectos APP: La ley permite la transferencia de actividades administrativas relacionadas con proyectos APP a otras entidades públicas o terceros especializados, según lo establecido en el Reglamento de la Ley. Se destaca la participación de empresas públicas en la estructuración de proyectos APP.

Artículo 29 – Gobiernos Autónomos Descentralizados y Proyectos APP: Los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen la facultad de decidir sobre la implementación de proyectos APP, observando los lineamientos de la ley. La aprobación del uso de esta modalidad corresponde al órgano legislativo de los GADs.

Artículo 30 – Sostenibilidad Fiscal de los Gobiernos Autónomos Descentralizados: Se establecen requisitos para la determinación de la sostenibilidad y riesgos fiscales de los GADs en proyectos APP, con especial atención a la capacidad de pago y la necesidad de obtener informes y dictámenes de sostenibilidad fiscal del ente rector de finanzas públicas en ciertos casos.

La ley busca promover una gestión eficiente de proyectos APP, garantizando la transparencia, la autonomía de los GADs y la sostenibilidad fiscal. Al delegar ciertas actividades administrativas y fomentar la participación de empresas públicas, se pretende agilizar y fortalecer la ejecución de proyectos de asociación público-privada en el ámbito descentralizado.