La contratación pública en Ecuador ha experimentado transformaciones significativas a lo largo de los años, y su marco normativo se ha desarrollado para abordar diversas facetas de las adquisiciones gubernamentales. No obstante, es evidente que aún existen desafíos que requieren atención para garantizar la eficacia de esta área.
El cumplimiento de las responsabilidades civiles y penales es básico en cualquier empresa, en virtud del Código Integral Penal ecuatoriano artículo 49, que expresa: tanto personas jurídicas nacionales como extranjeras pueden ser penalmente responsables por delitos cometidos en su beneficio.
La gestión del cumplimiento normativo se ha convertido en un aspecto crítico para las organizaciones en la actualidad. Con la creciente regulación y la necesidad de prevenir riesgos legales y penales, es esencial contar con sistemas de gestión de compliance (SGC) efectivos. En este estudio, exploraremos la importancia del diseño y la implementación de un SGC, con un enfoque en la norma UNE 19601 como marco de referencia. Analizaremos los siete elementos fundamentales que componen la base de cualquier SGC y su relevancia en la gestión de riesgos y controles internos. Discutiremos varias metodologías de análisis de riesgos que pueden ser utilizadas en la implementación de un SGC, destacando su aplicación en diferentes contextos organizativos.
El análisis de la Sentencia No. 477-18-EP/23 emitida por la Corte Constitucional el 5 de agosto de 2020, trata la situación de mujeres embarazadas y en período de lactancia que han experimentado violaciones de sus derechos en el ámbito laboral público, particularmente bajo el régimen de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP). La decisión judicial se fundamenta en una serie de casos que involucran discriminación, terminación de contratos y cambios de puestos relacionados con el embarazo y la lactancia, y busca establecer pautas claras para proteger los derechos de estas mujeres.
La LOOTUGS, en sus Artículos 12 y 13, establece los instrumentos de ordenamiento territorial, como los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y los planes complementarios. Y detalla que estos instrumentos son vinculantes para la administración pública y obligatorios para ciertas actividades relacionadas con el uso del suelo.
La hermenéutica jurídica, al valorar la trascendencia de la interpretación subjetiva y la búsqueda de la justicia, promueve decisiones más contextualmente adecuadas y equitativas en las decisiones judiciales, proporcionando así una base sólida para el desarrollo del Derecho en la sociedad contemporánea.
La primera Constitución de Ecuador, promulgada en 1830, estableció un sistema de gobierno centralizado con un presidente como jefe de Estado. Aunque mencionaba las atribuciones del presidente, no abocó de manera relevante el tema del control constitucional. «Artículo 35.- Las atribuciones del Presidente del Estado son: 12. Cuidar que se administre justicia por los tribunales, y que las sentencias de éstos se cumplan y ejecuten».
La normativa señala que los productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural y embutidos, así como pescados que se mantengan en estado natural, se encuentran exentos de procesamiento, lo que otorga una tarifa 0% de IVA.
La licencia o permiso no remunerado de maternidad podrá solicitarse, por una sola vez por cada alumbramiento, hasta por quince (15) meses desde la fecha de terminación de la licencia remunerada de maternidad
Es importante resaltar que el ejercicio de la potestad coactiva no se limita por la mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la administración pública. La o el deudor podrá solicitar dentro del procedimiento administrativo la extinción total o parcial de la obligación.
