La Resolución No. 05-2023 de la Corte Nacional de Justicia determina que la impugnación de los actos administrativos derivados de la ejecución contractual en contratación pública es una acción especial sujeta a un plazo de cinco años para su ejercicio. Esta resolución busca garantizar la tutela judicial efectiva y el debido proceso consagrados en la Constitución, corrigiendo la equivocación en la calificación de las acciones contencioso administrativas y asegurando que las controversias en materia de contratación pública se sometan al plazo adecuado para su impugnación. Con esta resolución, se establece un precedente jurisprudencial obligatorio en la materia.
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